En el marco de la causa de los cuadernos K, que comenzó a partir de los escritos de Oscar Centeno, el juez Claudio Bonadio ordenó liberar al hombre de confianza del detenido Julio De Vido. Se trata de su ex secretario privado José María Olazagasti.
En ese sentido, el exsecretario privado del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se encontraba preso en el Penal de Ezeiza, desde agosto de 2018, bajo la acusación de formar parte del entramado de corrupción, del que dio detalles en los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Asimismo, la detención de Olazagasti se produjo tras las declaraciones del dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, y del ejecutivo de Techint Luis Betnaza.
De hecho, al otorgarle la excarcelación a Olazagasti, recluso en Ezeiza desde agosto del año pasado, el juez Bonadio le fijó una fianza de 2 millones de pesos.
La excarcelación del exsecretario de De Vido fue lícita en los mismos términos que la de Rafael Llorenz, también del área de Planificación Federal y quien era uno de los tantos detenidos que tiene la causa por asociación ilícita y sobornos.
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Olazagasti estuvo involucrado en causa de extorsión que investiga el juez Claudio Bonadio
Olazagasti estuvo prófugo unos días hasta que finalmente se entregó en la sede Cavia de Policía Federal, después de lo cual se detuvo con prisión preventiva por orden de Bonadio, ya que aparecía en algunas declaraciones que lo involucraban al sistema de recaudación ilegal que se investiga en el caso.
A su vez, el exfuncionario era la persona de máxima confianza de Bonadio y también está inmerso en la causa de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson, quien intentó ingresar 800 mil dólares en un avión en el que se trasladaba una comitiva de funcionarios del Gobierno kirchnerista.
Al otorgar la excarcelación de Llorens y ahora Olazagasti, el juez Bonadio consideró que ambos son «miembros» de la asociación ilícita, por lo cual la pena máxima que podría caberles sería de cumplimiento en suspenso.
Además, evaluó que no existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, ambos elementos que podrían justificar la prisión preventiva tal cual establece el Código Procesal Penal.