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Paro docente: gremios rechazan una nueva oferta de aumento

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Paro docente, no habrá clases martes, miércoles y jueves. Los maestros exigen 30% de aumento y cláusula de ajuste por inflación

La respuesta fue tajante: primero dijeron que no y finalmente decretaron un nuevo paro. La semana que viene en la escuelas de la provincia de Buenos Aires no habrá clases ni martes, ni miércoles, ni  jueves. Así lo decidieron los docentes agrupados en el Frente Gremial Docente esta tarde. Fue después de que el gobierno provincial estirara la oferta de aumento a los maestros bonaerenses y propusiera pagar 19% hasta septiembre; un plus por “material didáctico” que elevaría ese porcentaje al 20.7 y el compromiso de negociar otra vez a partir de octubre. El Frente Gremial Docente reclama un 30% anual y la incorporación de una cláusula de ajuste automática por inflación. Las partes parecen estar lejos de cualquier acuerdo.

De este modo, el conflicto educativo en la provincia de Buenos Aires vuelve a sumar días de estudio perdidos en el calendario 2018. Hasta el momento se concretaron 12 días de protesta. Pasados los tres días de la semana próxima, serán 14 jornadas sin chicos ni docentes en el aula.

Según explicaron las autoridades, la propuesta rechazada fue la novena que se presenta en 18 reuniones bilaterales. De acuerdo con el esquema que plantearon los ministros de María Eugenia Vidal, los maestros y profesores, de cualquier cargo o categoría recibirían una mejora de 5%desde enero; 8% desde marzo; 10% desde mayo; 13% a partir de junio; 15% en julio y 20,7% a partir de agosto (19% por ese mes y 210 pesos en material didáctico).De esta manera, el salario inicial de un docente ingresante pasará de $12.500 a $15.085 registrando un aumento total del 20,7% y el salario promedio pasará de $24.659 a $29.659 acumulando un aumento del 20,3% (esto contempla 1 cargo y medio que representa al docente promedio).

El encuentro anterior de la negociación fue el 23 de julio y, en aquella oportunidad, la propuesta del Ejecutivo fue un aumento del 16,7% y la promesa de una nueva convocatoria a fines de agosto para revisar las escalas salariales. Después de eso, el FGD dispuso un paro por 72 horas y el ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria. La medida fue aceptada por todas las entidades, excepto Suteba que se sumó a una huelga de 48 horas convocada por Ctera para el 30 y 31 de julio.

La rebeldía provocó otro enfrentamiento: el Poder Ejecutivo inició un proceso para sancionar en casi 670 millones de pesos al gremio que conduce Roberto Baradel y la entidad se presentó en la Justicia. Esta semana, un tribunal de Trabajo aceptó una medida cautelar: ordenó al Gobierno a que “se abstenga” de aplicar la multa hasta que se resuelva la cuestión de fondo.




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