Magistrado desestimó resolución 956 de Patricia Bullrich

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Continúa la polémica por la Resolución 956 con la que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autorizó a las fuerzas de seguridad nacionales a disparar sin dar la voz de alto y sin siquiera que medie agresión directa previa.

En este contexto, las fuertes críticas que despertó la medida no se hicieron esperar, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo la declaró inconstitucional. La solicitud fue hecha por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

De hecho, la medida del juez porteño llega mientras Horacio Rodríguez Larreta aseveró que la Ciudad se adherirá al cambio de protocolo que inició Bullrich desde la Nación. El magistrado hizo lugar a la presentación contra la resolución que modificó el reglamento para las fuerzas federales sobre uso de armas de fuego.

“Esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM”, expresó Bregman.

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Organismos se pronunciaron en contra de resolución de Patricia Bullrich

Las fuertes críticas que cosechó la Resolución 956 de Patricia Bullrich trajeron como consecuencia el repudio de diferentes sectores de la sociedad.

En su demanda, representantes de organismos de derechos humanos indicaron que “la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”.

Por ello, solicitaron “con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución”.

A su vez, para las demandantes, la resolución “afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional”.

“Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas”, señalaron.