La Corte Suprema de Justicia envió hacia Procuraduría General de la Nación la demanda y la solicitud de amparo que presentó Horacio Rodríguez Larreta para frenar el recorte de fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que decretó el Gobierno nacional días atrás.
Asimismo, Eduardo Casal deberá decidir si da lugar a la demanda que presentó el Gobierno porteño y si corresponde dictaminar una medida cautelar. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó el pasado 18 de septiembre la demanda y un pedido de amparo.
Ello lo hizo con el objetivo de frenar de inmediato el recorte de fondos a CABA, en el marco de las tensiones generadas entre el Gobierno porteño por la reasignación de partidas. Además, manifestó que la intención es declarar anticonstitucional el decreto que firmó Alberto Fernández días atrás.
Del mismo modo, solicitó que se restablezca en forma inmediata el derecho a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5% en el Consenso Fiscal.
Asimismo, la presentación que realizó el Gobierno porteño responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 735/2020 que se publicó el pasado 20 de septiembre, que aduce a la devolución de la coparticipación, que se impulsó durante el Gobierno de Mauricio Macri a través de un decreto en el año 2016.
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La apoderada de Rodríguez Larreta pidió el cese del Decreto 735-PEN-200
En el texto judicial del Poder Ejecutivo porteño, que firmó la apoderada María Cristina Cuello, se pidió que se ordene el cese de los efectos del Decreto 735-PEN-2020.
“En forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”.
Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno porteño presentó una solicitud de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con el principal objetivo de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está legitimada a iniciar la presente acción de amparo. De esta manera reclamó en juicio la invalidez de actos que vulneran atribuciones y poderes inherentes a su autonomía política.